El sistema socio-económico en el que vivimos, unido a las políticas sociales, económicas y laborales que se vienen llevando a cabo en las últimas décadas, están dando como resultado un incremento de las desigualdades y de la precariedad en el conjunto de la sociedad.
Jóvenes, mujeres, personas migrantes y mayores de 45 años somos quienes estamos sufriendo especialmente la precariedad tanto laboral como en todos los ámbitos de la vida.
Cuando hablamos de precariedad laboral estamos hablando de aceptar #CurrosDeMierda frente a la amenaza del desempleo. Precariedad que se traduce en situaciones de inseguridad y vulnerabilidad en el puesto de trabajo. Inseguridad provocada por los contratos temporales, el empleo irregular (falsos autónomos, economía sumergida, becas fraudulentas) y la amenaza del desempleo. Y vulnerabilidad caracterizada por contratos a tiempo parcial, salarios de miseria y jornadas laborales alargadas, variables e imprevisibles. Así como por el deterioro de la salud laboral, del derecho a la participación sindical y de los derechos y prestaciones sociales.
En lo que se refiere a la juventud, la precariedad hace casi imposible emanciparnos y desarrollar proyectos de vida autónomos, debido en gran medida a las condiciones de acceso al mercado de trabajo a las que nos enfrentamos. Así, se nos está forzando a elegir entre paro y precariedad o emigración forzada.
Ante esta realidad, desde el CJN-NGK apoyamos las siguientes propuestas, que seguro pueden ser matizadas y complementadas, pero que creemos que pueden ser un punto de partida para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la juventud y del conjunto de la sociedad.
- Reforma de la legislación laboral: elaborar una nueva legislación laboral centrada en garantizar los derechos laborales individuales y colectivos, el empleo decente (estable y de calidad) y las condiciones de vida dignas para el conjunto de trabajadores y trabajadoras.
- Temporalidad: garantizar que los contratos temporales se utilizan únicamente en los casos recogidos en la legislación laboral, evitando así su uso fraudulento.
- ETTs y canales de contratación: prohibición inmediata de la contratación a través de ETTs y refuerzo de los servicios públicos de empleo como principal canal para la contratación laboral.
- Lucha contra el fraude laboral: hacer de los mecanismos de denuncia y de la inspección de trabajo medios efectivos para luchar contra el fraude laboral (trabajo sin contrato, falsos autónomos, sustitución de puestos de trabajo por becas, falsa temporalidad, precariedad y explotación, siniestralidad laboral etc.).
- Discriminación laboral: acabar con cualquier tipo de discriminación laboral (contratación, salario, condiciones laborales, promoción, derechos laborales etc.) por motivos de género, edad, origen, etnia o condición sexual.
- Salario mínimo: establecer el Salario Mínimo Interprofesional al menos en 1.000€ mensuales y 14 pagas anuales, garantizando a su vez el mantenimiento anual del poder adquisitivo y la no discriminación salarial por razón de género o cualquier otro motivo.
- Reparto del empleo y de la riqueza: reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales (como medida inicial) sin reducir en ningún caso los salarios.
- Jornada laboral y horas extra: obligatoriedad del registro del calendario laboral y horas efectivamente trabajadas, así como un estricto control y regulación de las horas extra. Estas medidas deben ser un medio para acabar con las horas extra impagadas, con jornadas alargadas en la actual situación de desempleo, con jornadas variables e imprevisibles y en definitiva flexibles siempre a favor de la empresa.
- Conciliación igualitaria de la vida laboral y personal/familiar: además del fomento de la flexibilidad horaria por necesidades personales/familiares de trabajadores y trabajadoras, resulta imprescindible aplicar políticas y medidas como la universalización de la escuela infantil pública y gratuita (0 a 3 años), la financiación de la ley de dependencia, y la extensión de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles.
- Reconocimiento y reparto del trabajo doméstico y de cuidados: así mismo, además de las anteriores medidas, para conseguir una conciliación real e igualitaria entre la vida laboral y personal/familiar, resulta imprescindible un reparto equitativo entre hombres y mujeres del trabajo doméstico y de cuidados para acabar con la dependencia económica, las dobles jornadas y los techos de cristal que sufrimos las mujeres. Así como el reconocimiento y equiparación de estos trabajos con los trabajos remunerados.
- Salud laboral y sanidad universal: acabar con la privatización de la salud laboral y de la sanidad en general. Derogación de la ley de mutuas y recuperación de la sanidad universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa o laboral.
- Riesgos laborales: reforzar y garantizar la formación, prevención, control y sanción de los riesgos físicos y psico-sociales en todas las empresas, independientemente del número de personas empleadas o representación sindical.
- Despido: revisar las causas de despido introducidas en las últimas reformas laborales, así como el recorte de las indemnizaciones, garantizando la protección de los derechos de los y las trabajadoras y la participación sindical en los procesos de despido (individuales o colectivos).
- Emprendimiento y economía social: acabar con la utilización del emprendimiento como solución “mágica” a los problemas del mercado de trabajo y la individualización de la responsabilidad ante la situación de desempleo. Formación en autoempleo centrada tanto en los aspectos positivos y oportunidades como en los riesgos que conlleva. Medidas de apoyo real al autoempleo (trámites, financiación, cotización social y derechos laborales) con especial atención a proyectos de economía social (no sólo por su forma jurídica sino por los objetivos/ actividad empresarial y condiciones laborales).
- Diálogo social, acción colectiva y derechos laborales: promover entre la juventud el conocimiento del mercado laboral y los derechos laborales, recuperar el diálogo social como centro de las relaciones laborales y fomentar la organización y participación sindical de jóvenes y mujeres, así como su presencia en los órganos de discusión y decisión.
- Prácticas y becas: utilización de los convenios de prácticas y becas exclusivamente para las prácticas curriculares. Sustitución de las prácticas extracurriculares y no laborales por contratos laborales en prácticas. Control del número de convenios de prácticas, de su calidad y estricto control y sanción de la sustitución de puestos de trabajo por becas/prácticas.
- Educación pública accesible y de calidad: garantizar el derecho de acceso a estudios de FP y/o universitarios públicos y de calidad a todas las personas residentes independientemente de su situación económica, condiciones personales/familiares o situación administrativa.
- Reconocimiento de competencias y convalidación de estudios: establecer mecanismos ágiles y accesibles para la convalidación y adaptación de titulaciones obtenidas en otros países. Por otro lado, desarrollar el reconocimiento de las competencias adquiridas por formación no formal, experiencia laboral y voluntariados.
- Inserción laboral y formación continua: garantizar itinerarios de inserción socio-laboral y acceso a formación continua adecuada (especialmente a los colectivos en situación de mayor precariedad), dedicando los recursos materiales y humanos necesarios y aprovechando los recursos y buenas experiencias existentes (Por ejemplo en Garantía Juvenil).
- Políticas migratorias y lucha contra la explotación: reconocimiento de la ciudadanía plena, y por lo tanto de los mismos derechos laborales, sociales y políticos, para todas las personas residentes independientemente de su origen. Para ello se plantea modificar las políticas migratorias creando vías y canales de entrada seguros y accesibles, facilitando el acceso a los permisos de residencia y de trabajo de forma ágil y estable. De esta forma se pretende acabar con la vulnerabilidad e inestabilidad de las personas “sin papeles” que facilitan situaciones de explotación laboral.
- Integración y convivencia: generar políticas y acciones que faciliten la integración y convivencia efectivas de todas las personas independientemente de su origen o condición. Para ello, además de unas nuevas políticas migratorias, resultan necesarias tanto políticas de integración como una sensibilización social en la defensa de la igualdad de derechos, la interculturalidad y la convivencia, frente a los discursos hegemónicos centrados en el alarmismo, la criminalización y el enfrentamiento.
- Prestaciones económicas: garantizar el derecho a la percepción de la Renta Garantizada, al menos igual al SMI, a todas las personas en igualdad de condiciones, sin discriminaciones por motivo de edad o situación administrativa. Por otro lado, reconocer el derecho de acceder a la prestación por desempleo a trabajadores autónomos y empleadas del hogar en igualdad de condiciones al resto de personas empleadas, al tiempo que se recuperan al menos los porcentajes anteriores a la última reforma de la prestación por desempleo.
- Pensiones: proteger el sistema de pensiones públicas frente a las amenazas de privatización, garantizando su viabilidad mediante la creación de empleo de calidad y utilizando impuestos si fuese necesario para completar la financiación del mismo. Situar la pensión mínima (contributiva y no contributiva) en un nivel, al menos, igual al SMI.
- Empleo público de calidad: generación de empleo público de decente (estable y de calidad), que sirva como referencia para el sector privado, y que permita desarrollar unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación, escuelas infantiles de 0 a 3 años, dependencia y cuidados, transporte, formación continua, intermediación e inserción laboral, banca pública).
- Necesidad de un nuevo modelo productivo: el actual sistema y modelo productivo limitan la posibilidad de generar empleos decentes capaces de garantizar unas condiciones de vida dignas para el conjunto de la población. Para revertir esta situación resulta necesario desarrollar un nuevo modelo productivo capaz de generar empleos decentes que acaben con el desempleo, la precariedad y la emigración forzada. Para ello, planteamos la necesidad de apostar decididamente por la economía productiva frente a la especulativa (economía verde, economía social, soberanía alimentaria y desarrollo rural diversificado, I+D+i y servicios e industrias con alto valor añadido), así como por un sector público con las características anteriormente planteadas, financiado mediante una reforma fiscal progresiva y una lucha contra el fraude que permitan recaudar los recursos necesarios para hacer posibles las medidas planteadas.
